Cuentas bancarias de la esposa de Ricardo Anaya revelan ingresos millonarios inexplicables

Realidades.- La familia del centroderechista Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México por la coalición PAN-PRD-MC, obtuvo ingresos millonarios que no se corresponden a lo declarado por el político, vinculado además a un caso de lavado de dinero en el marco de una investigación judicial en España.

Según un reportaje publicado por la revista Proceso horas antes del segundo debate presidencial en México, la esposa de Anaya, Carolina Martínez Franco, obtuvo ingresos por valor 28 millones de pesos (1,4 millones de dólares) entre 2013 y 2016.

En una entrevista reciente con Milenio Televisión, Anaya declaró ganar 400.000 pesos mensuales (20.000 dólares), misma cifra que había reportado en su declaración patrimonial de 2016, cuando percibía ingresos como presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

“Nadie ha expuesto de manera tan transparente su patrimonio como yo lo he hecho”, dijo Anaya durante la entrevista televisiva publicada el pasado 14 de mayo.

Según la información de Proceso, aún dando por cierto que los ingresos de la familia de Anaya fueran de 400.000 pesos al mes entre 2013 y 2016, sumarían un total de 19,2 millones de pesos; cifra inferior a los 28 millones de pesos que recibió la esposa de Anaya, según estados de cuenta del banco HSBC, obtenidos por la revista.

De este modo, existen ingresos por valor de 9 millones de pesos (poco más de 450.000 dólares) que la familia del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente debe aclarar.

Anaya vinculado al lavado de dinero

Los ingresos millonarios de la esposa de Anaya se dieron incluso antes de la venta de una nave industrial por la que la empresa Juniserra (en la que Anaya y su esposa figuran como propietarios) recibió un pago por 54 millones de pesos (2,7 millones de dólares) a través de empresas fantasma investigadas por lavado de dinero en Europa.

Esta semana el juzgado de Instrucción 4 de Madrid, España, abrió una averiguación previa con el número de expediente 907/18, sobre el presunto delito de blanqueo de capitales por parte del empresario Manuel Barreiro y el empresario de origen español Juan Pablo Olea Villanueva, acusados de beneficiar a Anaya al simular una compraventa de la nave industrial.

La investigación, a cargo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España, indaga un presunto desvío de fondos de forma ilegal a través de triangulaciones de dinero en paraísos fiscales de España, Gibraltar y Canadá.

Una operación cuestionada que, de acuerdo con algunos denunciantes, tenía por objetivo poner en manos de Anaya recursos millonarios de origen desconocido.

El caso salió a la luz después de que el abogado Adrián Xamán McGregor acusara a Anaya de participar en operaciones de lavado de dinero, a raíz de la adquisición del ahora candidato presidencial de un terreno por 10 millones de pesos que luego vendió como nave industrial por 54 millones de pesos a Manhattan Masterplant Development, supuesta empresa fantasma involucrada en una serie de triangulaciones sospechosas manejada por el empresario Manuel Barreiro.

“Se me acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 54 millones de pesos, de lo que resulta, según ellos, una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos. Esta acusación es falsa y dolosa”, respondió Anaya a las acusaciones en su contra, según se desprende de una declaración publicada en su sitio web.

“Las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial en él (que de manera indirecta me involucran) fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares; no intervinieron en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se utilizaron recursos públicos”, agregó.

La riqueza de Anaya y de su familia ha sido objeto de polémica desde que en 2016 se diera a conocer que el político centroderechista viajaba por lo menos una vez a la semana a Atlanta, Estados Unidos, lugar donde vivía su familia.

Hasta el momento ni Anaya ni su equipo han respondido a los señalamientos publicados por la revista Proceso.

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