Se suma la Diputada Sonia López en contra de los parquímetros en Playa del Carmen

Realidades.- La Diputada Sonia López señaló que es un negocio oculto durante tiempo de campaña de Cristina Torres, surge ahora para ser heredado a la siguiente administración.

“La presidenta saliente, Cristina Torres Gómez, parece que quiere vengarse de los playenses al pretender instalar parquímetros en el centro de la ciudad”, afirmó la diputada local, Sonia López Cardiel, quien se opone tajantemente a esta medida fraguada en lo oscuro en Playa del Carmen, pues esto lesionará la economía de los ciudadanos, además de efectuarse cuando el gobierno actual está de salida, con lo que heredaría al siguiente esta concesión a 15 años.

“No sólo está dañando la economía de sus habitantes, sino generando en consecuencia que la gente no quiera acercarse a la Quinta Avenida. La instalación de parquímetros es una acción que no debe llevarse a cabo en una ciudad pequeña, simplemente Solidaridad no necesita de esta tecnología que perjudicará al comercio local y que parece más ser un negocio para la empresa que concesionaron en completo hermetismo, sin consultar ni informar a nadie”, apuntó.

La legisladora Sonia López agregó que “en lo que verdaderamente se debe de invertir es en seguridad, en capacitación de la policía. Pelearé hasta las últimas consecuencias para evitar este madruguete en las últimas semanas de la administración, una historia muy repetida y conocida en la política”.

Luego que la Diputación Permanente de la XV Legislatura diera entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Solidaridad para que el Congreso del Estado ratifique el título-concesión por 15 años para la operación de un “sistema de movilidad integral”, que implica la instalación de parquímetros en este municipio, la legisladora expresó su oposición a la medida.

“Playa del Carmen es un destino único; una de sus características particulares son los medios de movilidad, tradicionalmente se usa la bicicleta; ahora se plantea un negocio con ellos, que genera muchas dudas, porque la administración nunca ha informado debidamente de lo que pretenden realizar”, aseguró.

Lamentó que la administración cuente con un proyecto e incluso ya tengan a la empresa a la que le firmaron la concesión por 15 años, “Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.”, pero hasta el momento no hayan dado a conocer los detalles de esta iniciativa, pese a ser un tema trascendental para la ciudad.

Sonia López cuestionó que fuera hasta el final de la administración, cuando el tema fuera turnado al Congreso para su revisión, “sin duda, este atraso para que llegara a manos de los legisladores tuvo un trasfondo político: que no interfiriera con la campaña. Ahora que no resultó beneficiado el actual gobierno, se turna para heredar a los habitantes de Solidaridad un cobro por estacionarse”.

INTERVENCIÓN DE AUDITORIA SUPERIOR EN CASO COZUMEL

En otro tema, la también integrante de la Comisión de Asuntos Municipales, explicó que analizaron el caso de Cozumel, donde se celebró un convenio de Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía, que implica un financiamiento que excede el término constitucional de la actual administración municipal.

“La petición fue turnada a la Auditoría Superior del Estado, pues seremos vigilantes del cuidado y manejo de los recursos económicos”, explicó, ya que no está claro si requiere este convenio del aval del Congreso.

Sonia López detalló que el financiamiento al que accedió el Cabildo cozumeleño implica la aportación de la Federación del 70 por ciento y un 30 por ciento que corresponde al municipio, “estamos hablando de 36 millones 939 mil pesos que se iniciaría a pagar en abril de 2019 y se terminaría de pagar en agosto de 2021”.

Cabe mencionar que con este convenido de modernización de la red de alumbrado público de Cozumel se tiene proyectado atender 7,986 puntos de luz, 44 colonias, 14 avenidas, 58 parques, un fraccionamiento, una carretera transversal y tres calles del municipio.

“La Auditoría Superior, como órgano técnico del Congreso del Estado, tendrá tres días para analizar el convenio y los anexos, con el fin de que emita una opinión para definir si es necesaria la intervención de la Legislatura, y pueda en su caso emitir su aprobación o ratificación en este caso”, concluyó.

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